La Oficina del Secretario de Estado de Oregón confirma que la iniciativa de despenalización y tratamiento de drogas, respaldada por Drug Policy Action, estará en la boleta electoral de noviembre de 2020

1 de julio de 2020 — Nueva York, Nueva York – Hoy, después de superar importantes obstáculos provocados por el COVID-19, la campaña de despenalización y tratamiento de drogas respaldada por Drug Policy Action (DPA), anunció que su iniciativa, IP44, estará en la boleta electoral de noviembre de 2020. Los principales peticionarios fueron alertados de la noticia por la oficina del Secretario de Estado de Oregón después de que se verificaron suficientes de las 160,000 firmas entregadas para calificar.

La iniciativa, La Ley de Tratamiento y Recuperación de la Drogadicción, si es aprobado por los votantes de Oregón en noviembre, brindaría un cambio bienvenido en nuestra respuesta al uso de drogas y la adicción, reemplazando la estructura punitiva actual con un enfoque centrado en la salud. Despenalizaría la posesión de drogas para uso personal y, en su lugar, ampliaría la disponibilidad de tratamiento, apoyo entre pares y servicios de recuperación, así como intervenciones de vivienda y reducción de daños. Los servicios ampliados, que normalmente han estado fuera del alcance de la mayoría de los habitantes de Oregón que luchan contra la adicción, se financiarían a través de un estimado de $100 millones de los ingresos fiscales existentes por la marihuana, que ha sido mucho mayor de lo que el estado pronosticó inicialmente, y a través de los ahorros de la aplicación de la ley desviada. y costas del sistema judicial penal.

“El éxito de esta campaña de poder recolectar las firmas necesarias en medio de una pandemia, cuando en su mayoría no pudimos hacerlo en persona, es una prueba del fuerte apoyo de los habitantes de Oregón para un enfoque más humano y efectivo de las drogas”. dijo la peticionaria principal Janie Gullickson, quien también es directora ejecutiva de la Asociación de Salud Mental y Adicciones de Oregón. y ella misma en recuperación a largo plazo. “Esta iniciativa salvará vidas, y con el COVID-19 exacerbando la crisis de sobredosis de Oregón, nunca ha sido más urgente”.

Solo el año pasado, 8,903 habitantes de Oregón fueron arrestados en casos en los que la posesión de drogas era el delito más grave, según la Comisión de Justicia Penal de Oregón. Eso es más de un arresto por hora, y los negros e indígenas de Oregón fueron atacados de manera desproporcionada. Mientras tanto, aproximadamente uno de cada 10 adultos en Oregón necesita tratamiento para el trastorno por uso de sustancias pero no lo ha recibido, según el gobierno federal.

“La policía de Oregón debe dejar de hacer este tipo de arrestos, poner en peligro a nuestras comunidades y arruinar vidas al darles antecedentes penales a las personas”. dijo Kayse Jama, directora ejecutiva de Unite Oregon. “La necesidad de esta medida es más urgente en este momento que nunca, porque las cárceles y prisiones se han convertido en focos de contagio durante la pandemia”.

Si bien los elementos fundamentales de la medida se basan en modelos exitosos utilizados en otras partes de los Estados Unidos y en todo el mundo, los detalles se adaptan específicamente a Oregón. Los habitantes de Oregón se asociaron con expertos de la DPA para redactar la iniciativa. Los consultados incluyen habitantes de Oregón que trabajan en tratamiento, adicción y recuperación, y en consulta con especialistas en equidad, economía, justicia penal, libertades civiles y más.

DPA se ha asociado con organizaciones en Oregón, como la ACLU de Oregón y la Asociación para la Seguridad y la Justicia, durante muchos años, apoyando su trabajo para las reformas de la justicia penal. Además de estos cambios de política que han sido exitosos y populares en Oregón, DPA apoyó la legalización de la marihuana en el estado y trabajó con socios en Oregón para crear acceso a la marihuana medicinal, reducir la confiscación de bienes civiles, establecer instalaciones de reducción de daños y criminalizar la posesión simple de drogas.

“Nos sentimos honrados de unirnos una vez más con los habitantes de Oregón liderando el camino en las políticas de drogas progresistas”, dijo Theshia Naidoo, Directora General de Leyes y Políticas de Justicia Penal, Acción de Políticas de Drogas. “Ahora, con el COVID-19 causando estragos en las cárceles y prisiones, es fundamental que cambiemos nuestro enfoque sobre el uso de drogas hacia servicios de salud humanos y compasivos en lugar de depender de arrestos y encarcelamientos. La posesión y el uso de drogas son a menudo la excusa para el control excesivo de las comunidades de color. Es hora de volver a priorizar los recursos y tratar esto como el problema de salud que es”.

La iniciativa ha sido avalado por más de 50 organizaciones, incluida la ACLU, Law Enforcement Action Partnership, Human Rights Watch, Partnership for Safety & Justice, capítulo de Oregón de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME), capítulo de Oregón de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales (NASW), AACP de Eugene, las Tribus Confederadas de Grand Ronde, Asian Pacific American Network of Oregon, Oregon Latino Health Coalition, Jewish Federation of Greater Portland, United Seniors of Oregon y Ecumenical Ministries of Oregon, además de varios partidarios de alto perfil, incluidos y dos exfiscales estadounidenses del estado de Oregón.

Para obtener más información y actualizaciones sobre la campaña, visite yesonip44.org.